Los páramos, un ecosistema hoy reglamentado

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En la búsqueda de acciones para el cierre de brechas de políticas en Colombia, en la iniciativa Políticas y Estrategias Nacionales(NPS)1 de CGIAR, se encontró con los grandes esfuerzos que hizo el equipo técnico coordinado por Natalia Flórez de la Alianza de Bioversity International y el CIAT. Este grupo posibilitó la construcción de una resolución conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

El rol de la Alianza, como centro de investigación para la transformación de sistemas agroalimentarios sostenibles, para este proceso en particular, fue facilitar la redacción de la resolución, liderar las consultas y mesas técnicas de discusión, y posibilitar el diálogo entre los Ministerios de Ambiente y de Agricultura que conllevó a publicar este instrumento.

El 02 de agosto de este año, se publicó la Resolución conjunta entre los Ministerios de Ambiente y Agricultura de Colombia No. 00249 de 2022 por la cual se adoptan los lineamientos para orientar el diseño, capacitación y puesta en marcha de los programas, planes y proyectos de reconversión y sustitución de las actividades agropecuarias en páramos delimitados y se adoptan otras disposiciones”. Esta resolución hace parte de una consultoría por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el MADR, que también incluye formular una resolución para la formalización de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) Nacionales y Regionales (a la espera de firma) y la elaboración del Plan de Acción de la Política de Ganadería Sostenible 2022-2050, que se encuentra en construcción.

Los páramos en Colombia

Los páramos son ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica. Debido a su alta vulnerabilidad y a los servicios ecosistémicos que prestan, requieren de medidas urgentes para su protección. No obstante, su conservación es compleja, pues en ellos cohabitan actores con múltiples realidades económicas y culturales (FNA, 2020).

La gran mayoría de los productores en los páramos son pequeños agricultores que regularmente producen en mosaicos y la mayoría de la producción es para seguridad alimentaria, con cultivos de papa, cebolla, leche y hortalizas entre otros. Por lo tanto, otro de los propósitos de la resolución es que mediante el proceso de reconversión ellos puedan entrar a la gran cadena de compras públicas en el país.

Para que todo esto se dé, es clave la participación de diversos actores, por lo que, acorde con lo que establece la ley 1930, los lineamientos que se orientan a un diseño, puesta en marcha y capacitación, deben ser consecuentes y concurrentes entre los entes de los territorios (gobernaciones y alcaldías), las autoridades ambientales, los ministerios y sus entidades adscritas y vinculadas.

Esto conlleva ciertos retos, principalmente en el cambio de la delimitación de las zonas, ya que los páramos trascienden los límites políticos y por ende deben tener un abordaje interregional. De esta manera, ahora que empieza el ejercicio de implementación, se requiere definir en modo tiempo y lugar cuáles serían esos complejos de páramo que requieren reconversión productiva y sustitución, para poder articular los proyectos que están buscando contribuir a la implementación de acciones hacia los lineamientos técnicos.

La problemática desde la normatividad

Para entender la problemática de los páramos, hay que tener presente que la ley 1930 de 2018 busca proteger, conservar, y restaurar los 37 complejos de páramos del país a través de programas de sustitución de actividades mineras y reconversión de actividades productivas.  Cabe señalar que, el concepto de sustitución hace referencia a las actividades agropecuarias que se desarrollan por fuera de la frontera agrícola, es decir, aquellas actividades “no permitidas” que se están dando en zonas de páramos en dónde el uso del suelo legalmente prohíbe el desarrollo de actividades socioeconómicas, por lo que en definitiva deben ser sustituidos por otras actividades acordes a la normatividad

 Por su parte, la reconversión es un proceso más complejo que busca transformar ciertas actividades agropecuarias que tienen lugar en los páramos, a unas de menor impacto y más sostenibles. Es decir, la transformación de aquellas actividades que tienen ese potencial de minimizar al máximo su impacto en el ecosistema de páramo (FNA, 2020). La reconversión productiva de actividades agropecuarias únicamente se desarrolla en aquellas áreas en dónde el uso del suelo legalmente lo permita y se encuentren dentro de la frontera agrícola.

 A raíz de lo anterior, los programas presentan grandes retos, pues deben asegurar su cumplimiento dentro de los derechos de las comunidades que tradicionalmente los han habitado.

 En 2021 se publicó la Resolución No. 1294, que establece los lineamientos para el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente sostenibles en páramos, por lo que la Resolución No. 00249 de 2022 llegó a regular aquellas consideradas “de alto impacto” al interior de los páramos, utilizando como base lineamientos documentados previamente por la UPRA.

El equipo de la iniciativa de NPS en Colombia, entrevistó a Natalia Flórez, la consultora que lideró este proceso desde el 2018 en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y en agosto de 2022 desde la Alianza Bioversity y el CIAT apoyando al Ministerio de Agricultura. Flórez, actualmente trabaja en la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos de la Región Central (RAP-E) y permitió entender la importancia y trascendencia que tiene la resolución para la consolidación de lineamientos y estrategias para la conservación de páramos. Con ello se evidencia la importancia del trabajo integrado entre diversos sectores, para que las herramientas de política pública respondan tanto a los compromisos nacionales, como las necesidades de actores vulnerables, las comunidades y el medio ambiente. Para Flórez, las acciones adelantadas por los Ministerios de Ambiente y Agricultura con el apoyo de la UPRA, Agrosavia y la Alianza, enmarcados en una Agenda Interministerial con productos concretos como son los lineamientos para la reconversión productiva agropecuaria en páramos, marcan un hito en la historia del país por varias razones.

i) El páramo es el primer ecosistema estratégico que ha sido reglamentado en torno a la ley 1930 de 2018, y el cual traza una ruta para el ordenamiento de las actividades agropecuarias y mineras.

Antes de esta ley, las actividades agropecuarias y mineras en este ecosistema estaban prohibidas. De manera que, una vez esta ley entra vigencia, se permite el desarrollo de estas actividades siempre y cuando sean de bajo impacto.

En ese momento se firma una Agenda Pública entre el MADR y el MADS en donde se empieza a definir y reglamentar el lenguaje de la ley a unas reglas claras para que los actores del territorio, la institucionalidad pública, los actores privados, gremios, etc., pudieran llevar las actividades a la práctica.

La Alianza Bioversity – CIAT apoyó al MADR a asignar un rol a las entidades del sector agropecuario para la implementación de la reconversión productiva a bajo impacto en materia de diseño, con su respectiva puesta en marcha y capacitación agropecuaria.

ii) La ley tiene ya unos lineamientos determinados para su óptimo cumplimiento. Una vez se formó la Resolución 1294 de 2021, que reconoció la actividad agropecuaria dentro de estos territorios, se tuvo clara una línea de ruta que considera las variables a las que están sujetos, aplicando métodos de reconversión que generen bajo impacto y estén alineados con las políticas de conservación de medio ambiente.

iii) La ley propone un sistema de reconversión y sustitución, dos consideraciones claves para las acciones con las comunidades que tiene actividades agropecuarias en los páramos.

La primera, indica cómo con intervenciones coordinadas en el sector y procesos participativos, se puede guiar a los productores hacia una producción de bajo impacto de manera gradual.

La segunda, apunta a aquellas zonas que, por su importancia para la conservación, Legalmente prohíbe el uso del suelo para el desarrollo de actividades socioeconómicas. En ese orden, las autoridades deben tomar la decisión de planificar procesos de sustitución.

Para esto, es clave que la autoridad ambiental en cada complejo de páramo determine, difunda, planifique, gestione y drene la información que establece qué territorios están o no dentro de la frontera agrícola, esto se lo informan al MADR y ellos se encarga de actualizarlo, definiendo así, una posición técnica que señala qué actividades agropecuarias son sujetas de sustitución o reconversión.

Es decir, que las autoridades ambientales determinan las zonas de conservación, preservación y uso sostenible a través de procesos de planificación y ordenamiento ambiental, identificando a los actores y los predios con actividades agrícolas dentro de la frontera, que son beneficiaros de procesos de sustitución o reconversión, reconociéndolos bajo un proceso formal.

iv) La resolución 00249 de 2022 es integral, pues considera las políticas ambientales de biodiversidad, manejo de recurso hídrico y gestión integral del suelo; además de las vinculadas al sector agropecuario, como la de ordenamiento productivo y agropecuario, y de alineación con los planes maestros de reconversión productiva de las principales cadenas del país; y las políticas de compras públicas en temas de seguridad alimentaria, entre otras. Lo que significa que la resolución va en consonancia con las grandes políticas de los dos sectores y los grandes mandatos del país, en términos de conservación de la biodiversidad.

En cuanto a los procesos de reconversión, hay un tema fundamental que debe considerar el Ministerio de Agricultura con sus entidades adscritas (la UPRA que da los mapas de aptitud, la ADR que tiene un banco de proyectos, entre otras) en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y es conocer cuál es la oferta tecnológica en el país para tener un inventario de herramientas que posibiliten reducir el impacto de las actividades agropecuarias, al mismo tiempo que se trabaja en unos documentos estandarizados que brinden prácticas de producción de bajo impacto en leche, quesos, hortalizas y otros. El proceso de reconversión debe llevar consigo la capacitación de nuevas tecnologías, una selección de las principales alternativas productivas que va a tener cada complejo, y una planificación coordinada por complejo, obedeciendo a las demandas que pueda tener el mercado como las compras públicas.

Por último, es importante resaltar que promover y facilitar el cambio de los sujetos antes mapeados como ilegales, hacia actividades lícitas, siempre y cuando cumplan algunos requisitos, genera un cambio social, de percepción y actitud colectiva. Por lo tanto, se espera que esto ayude a frenar la frontera agrícola dentro del ecosistema y que las actividades que quedan dentro vayan gradualmente generando una cultura y consciencia de conservar y proteger el páramo para salvaguardar el abastecimiento de agua potable en el país, también intentando generar mejores medios de vida en los páramos donde habitan alrededor de 76.000 personas que cuentan con bajos niveles de alfabetización y asistencia técnica.

Agradecemos a todos los donantes que apoyaron esta investigación a través de sus contribuciones al CGIAR Trust Fund.


Autores:

  • Alba Natalia Florez, Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Colombia
  • Juan Sebastián Rivas, Asociado de Investigación, Alianza Bioversity-CIAT, Colombia
  • Luis Armando Muñoz, Investigador Asociado Senior, Alianza Bioversity-CIAT, Colombia
  • Daniela Salas, Analista, Alianza Bioversity-CIAT, Colombia

Webgrafía:


1 El CGIAR ha lanzado la iniciativa Políticas y Estrategias Nacionales (NPS). NPS ha sido cocreado con socios nacionales e internacionales con los principales objetivos de construir coherencia de políticas, integrar herramientas políticas y responder a las demandas y crisis políticas a nivel nacional y subnacional en seis países de África, Asia y América Latina. Los centros del CGIAR incluyen: la Alianza de Bioversity Internacional y el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (Alliance Bioversity-CIAT), Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI), Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI), Centro Internacional de Patata (CIP), Instituto Internacional de Investigación Ganadera (ILRI), Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) y WorldFish.

Crédito de la foto:  ©2010CIAT/NeilPalmer

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